Caracas acusa a primera ministra de Trinidad y Tobago de mantener una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al Gobierno y ser cómplice de las masacres de EE.UU. contra civiles en el Caribe.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela anunció la extinción inmediata de cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago, tras denunciar la complicidad directa del Gobierno de ese país en el robo de petróleo venezolano, perpetrado —según Caracas— por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre mediante el asalto a un buque petrolero.

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En un comunicado oficial fechado en Caracas el 15 de diciembre de 2025, el Ejecutivo venezolano informó que posee pleno conocimiento de la participación del Gobierno trinitense en esta operación, calificada como un acto de piratería internacional, que constituye una grave violación del derecho internacional, así como de los principios de libre navegación y libre comercio.

El documento señala directamente a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien acusa de mantener una agenda hostil contra Venezuela desde su llegada al Gobierno, incluyendo la instalación de radares militares estadounidenses en territorio trinitense con el objetivo de asediar e interceptar buques que transportan petróleo venezolano.

Según el comunicado, estas acciones habrían convertido a Trinidad y Tobago en una plataforma militar avanzada de Estados Unidos en el Caribe, utilizada para agredir a Venezuela y facilitar operaciones de despojo de sus recursos energéticos, en lo que Caracas define como un acto inequívoco de vasallaje.

Ante esta escalada de hostilidades, el presidente Nicolás Maduro Moros recordó que Venezuela ya había denunciado previamente el Acuerdo Marco de Cooperación Energética suscrito entre ambos países, y que el nuevo episodio representa un punto de quiebre definitivo en la relación energética bilateral.

“Hoy, ante este gravísimo hecho que pretende robar vulgarmente el petróleo de Venezuela”, afirma el texto oficial, el Gobierno Bolivariano decidió cortar de manera inmediata toda relación contractual vinculada al suministro de gas natural al país vecino, una medida que impacta directamente en los planes energéticos regionales impulsados desde Puerto España.

El comunicado concluye con una advertencia política y soberana, en la que el Estado venezolano reafirma que no permitirá que ningún ente colonial ni sus aliados atenten contra su soberanía, su derecho al desarrollo y el control de sus recursos estratégicos.

“¡Venezuela se respeta!”, subraya el documento, enmarcando la decisión dentro de una doctrina de defensa integral frente a lo que Caracas considera una ofensiva coordinada de carácter imperial, dirigida a asfixiar económica y energéticamente al país.